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De la denuncia, el denunciado y el denunciante | Por José Vitar

Un conocido analista político afirmó hace unos días que la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el supremo Daniel Leiva, había provocado un terremoto institucional.

Terremoto, ma non troppo.

La denuncia es grave, por cierto. Pero su carácter intempestivo espolea el espíritu nihilista, en el sentido nietzscheniano, de la sociedad tucumana. La competencia entre ambos contendientes de pedidos de destitución (al momento de escribir estas líneas el score favorecía 6 a 5 a Pedicone) no ayuda a aclarar el tema. Si los medios no se ocuparan, el tema se diluiría rápidamente.

Tras décadas de sufrir el bastardeo institucional, la capacidad de asombro de los tucumanos está saturada. Superado el impacto inicial, un disfraz de sarcasmo oculta el escepticismo respecto a lo público.

Las características del denunciante alimentan los recelos del inconsciente colectivo. Despierta suspicacias que alguien proveniente de la política (ocupó cargos electivos), fue camarista por una decisión política (en el concurso finalizó tercero) y como juez mantuvo un alto perfil político, sea justamente quien bata el parche de la intromisión política en la Justicia.

Pedicone parece haber pensado cada paso: desde elegir jugar “de local” para la emboscada, en el bar de la esquina de su casa, hasta administrar los tiempos de la presentación ante el Ministerio Público Fiscal (más de un mes después).

Al constituir una acción individual, aislada, que no está contenida dentro de una estrategia de reforma institucional, adolece de vacuidad en sus objetivos. Una golondrina no hace verano.

Aún perdura el recuerdo del último fiscal anticorrupción de la provincia. El único efecto práctico de sus denuncias fue su efímera proyección política: dos opacos mandatos legislativos. En cambio, su renuncia desarticuló la fiscalía, que era una valiosa herramienta de control del poder. Cómica paradoja la de (Esteban) Jerez del otro lado del mostrador, como defensor de Leiva.

¿Pretende Pedicone encarnar un Fiscal Jerez de estos tiempos? Por ahora, lo acechan cuatro pedidos de jury en manos de una belicosa manada de legisladores. Sin aliados de fuste ni en la política ni en el mundo judicial, su suerte parece echada.

Si el jury se lleva puesto al denunciante ¿Qué pasará con el denunciado? ¿El sistema lo sacrificará para cerrar el capítulo cubriendo las apariencias? Aún no sabemos; es posible que (Juan) Manzur y (Osvaldo) Jaldo no piensen igual.

Sin méritos académicos o profesionales, ni historia en el peronismo, Leiva ejerció como Fiscal de Estado a pedido de Jaldo, cuando aún había concordia entre gobernador y vice, que esperaba su turno anhelante. Cuando Manzur propuso a Leiva para la Corte, se preocupó por aclararle que era su decisión y a él le debía el cargo.

Leiva se asignaba en la Corte el rol de comisario político, lo que generaba antipatías con sus pares y colegas, dato que seguramente conocía el perspicaz Pedicone.

Esa personalidad arrogante explica el desaprensivo abordaje de Leiva al juez, muy lejos del oficio y la sutileza de los operadores que suelen utilizar los gobiernos para influir en un fallo judicial. Jamás dejan huellas. Tamaña torpeza refleja cuan enseñoreada está la mediocridad en la vida pública tucumana.

Si la trama finaliza con la destitución de Pedicone, en el mejor de los casos podrá aspirar a arrastrar a Leiva, si el gobierno decide entregar un chivo expiatorio para aventar sospechas. Inmolado en su afán de transparencia, podrá Pedicone pensar en alguna candidatura.

Su denuncia tiene dos logros importantes. Desnuda la indebida injerencia en la Justicia a efectos de influir en el voto de un legislador opositor.

Políticamente, blanquea un contubernio de años entre la cúpula del PJ y el partido del genocida, que gracias a ello continúa existiendo. Comenzó con Julio Miranda, se perfeccionó con Alperovich y se mantiene en la actualidad.

Los alardes antiperonistas de Ricardo Bussi son el disfraz que oculta su transa con este PJ desprovisto de ideología y doctrina, pero también de estómago, que balbucea su grotesca versión de maquiavelismo berreta. Mientras Bussi exista, dicen, la oposición no podrá unirse y siempre ganaremos. No les importa que FR justifique el genocidio o militen los antiderechos. Son funcionales. Por eso en las grabaciones, Leiva habla cínicamente de “relaciones de amor y odio” con el bussismo. La palabra “amor” significa un escupitajo en el rostro de las víctimas de la dictadura.

Bussi interactúa en la puja entre el gobernador y su vice jugando con los ocho legisladores que obtuvo con apoyo de ambos. Tras la elección del año pasado empezó a tejer un pacto con Manzur para reformar a espaldas de Jaldo la constitución, uso pretexto de eliminar los acoples.

La caída en desgracia de Manzur a nivel nacional, y otras razones de peso llevaron a Bussi a replantear su posición y acordar con Jaldo. Así se explicaría la “protección” del vicegobernador en la causa por acoso sexual, que habría gestionado Leiva.

Jaldo es la primera víctima de la granada de fragmentación lanzada por Pedicone y por eso su reacción de salir a atacarlo con artillería gruesa y ponerse a la cabeza de la campaña punitoria contra aquel. Personalmente, monitorea el juicio político en su contra.

Si la estrella del tranqueño se apagara, el favorecido sería Manzur, su principal contendor. Ya se murmura en la casa de gobierno que Leiva debería pedir licencia; ello privaría a Jaldo de su operador en la Corte, reforzando el poder de (Claudia) Sbdar.

Volviendo a la nota aludida al inicio, afirma que los hechos denunciados por Pedicone se inscriben en la “crisis de la república”, siendo el “mayor escándalo judicial” en Tucumán, desde la vuelta de la democracia.

“El color de las cosas de este mundo depende del cristal con que se las mire” decía Campoamor. Para el periodista, que Leiva le pida a Pedicone ese “favor” es más escandaloso que el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa, que anulaba la elección de 2015, con fundamentos propios del voto calificado, haciendo lugar al pedido de (José) Cano y (Domingo) Amaya.

Esa visión sesgada y maniquea, naturalizada en sectores medios críticos al peronismo, pasa por alto hechos graves y se rasga las vestiduras si se trata del peronismo.

Esta doble vara, traducida en comunicación, crea desazón y escepticismo, cuando los villanos de sus denuncias no son sancionados, dando sensación de impunidad. Puede suceder en este caso, ya que las grabaciones podrían no tener validez como pruebas.

En realidad, lo que se busca es desacreditar al gobierno provincial, más que el saneamiento institucional, para beneficiar electoralmente a la oposición “blanca”, que aplaude hoy a Pedicone como antes a la CCA.

Lo vimos nacionalmente, en tiempos cercanos. Los ruidosos reclamos al kirchnerismo, mutaron a silencio ante los desmanes de Macri, cuando tomó casi por asalto el Consejo de la Magistratura, puso a la AFI al servicio de jueces amigos para fraguar causas contra funcionarios de Cristina o al eludir al Congreso para trasladar jueces y hasta para nombrar miembros de la Corte.

Los cultores tucumanos de la doble vara no tienen interés en impulsar la reforma política que necesitamos. Ellos responden a intereses políticos que no son los de la gente.

Desde el pensamiento popular y progresista anhelamos una democracia participativa y nos oponemos con firmeza a las trapisondas de una clase política divorciada de la ética y la transparencia. Hay que extremar la inteligencia para evitar ser el jamón del sándwich entre el elitismo antipopular y la piratería política.

El perverso sistema de acoples que ideó la Constitución de 2006, está en la raíz del pésimo funcionamiento político e institucional.

No solamente afecta el derecho a elegir de los ciudadanos, sino que permite al Gobierno controlar y manejar la Legislatura y en consecuencia influir decisivamente en la cobertura de vacantes en la Justicia, al tiempo que controlando al Consejo de la Magistratura, que convalidar este proceso.

Basta observar la composición de la Corte para comprobarlo. Todos provienen del riñón político del gobierno excepto Sbdar, aunque su esposo tenía vínculos empresarios con Alperovich cuando la designó. Entre 2007 y 2015, Alperovich controló al menos las tres cuartas partes de los 49 legisladores, y eso facilitó la discrecionalidad, cubriendo con nombres de su entorno las vocalías que se generaron en la Corte Suprema.

Por eso, la discusión del caso Leiva-Pedicone muestra cierto viso de cinismo. ¿Interferencia de un poder en otro?

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